En la era de la información, los datos se han consolidado como activos estratégicos que determinan ventajas competitivas, tanto en el sector público como privado. Sin embargo, su valor los convierte en blanco frecuente de ciberataques, filtraciones y manipulaciones maliciosas. Frente a esto, el marco normativo nacional e internacional establece obligaciones claras sobre su tratamiento, conservación y protección.
La Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2021 y el RGPD europeo reflejan una tendencia global hacia la protección integral de los datos personales y sensibles. La informática forense interviene en múltiples fases del ciclo de vida de los datos, especialmente cuando ocurren incidentes que comprometen su integridad.
Desde la recuperación de información eliminada hasta el análisis de trazas digitales en dispositivos móviles y servidores, los procesos forenses garantizan que los datos puedan ser utilizados como prueba válida en procedimientos administrativos o judiciales. Este enfoque técnico-jurídico requiere protocolos rigurosos de adquisición, análisis y documentación, que aseguren la cadenabilidad y autenticidad de los elementos probatorios.
Asimismo, implica la formación continua de peritos forenses en nuevas tecnologías de almacenamiento, criptografía y sistemas distribuidos, con el fin de mantener la efectividad de sus métodos en un entorno tecnológico dinámico. Solo mediante esta especialización se podrá responder eficazmente ante incidentes de alta complejidad en el ámbito empresarial, gubernamental y judicial.
El surgimiento de soluciones descentralizadas como blockchain, cloud computing y big data plantea nuevos escenarios de análisis forense. En estos contextos, es fundamental comprender cómo se almacenan, procesan y transmiten los datos, así como qué medidas pueden tomarse para garantizar su integridad y disponibilidad ante intentos de alteración o robo.
También es relevante considerar el concepto de “derecho al olvido”, regulado en el RGPD y parcialmente en la legislación colombiana. Desde el punto de vista forense, este derecho implica que los datos borrados de manera legal no deberían dejar huellas recuperables que pudieran usarse en juicio sin el consentimiento explícito del titular. Esto introduce un dilema ético y técnico en la práctica pericial.
Finalmente, la protección de datos estratégicos no solo es una responsabilidad técnica, sino también un deber legal y social. Las instituciones deben invertir en infraestructura, capacitación y concientización, para que el manejo responsable de la información sea una prioridad en todos los niveles organizacionales. La informática forense, con su enfoque integral, es un instrumento clave para alcanzar esa meta.
