La expansión de la economía digital ha generado un nuevo paradigma socioeconómico en el que las plataformas tecnológicas median gran parte de las interacciones económicas y sociales. Este fenómeno, aunque beneficioso, también ha abierto espacio para el fraude electrónico, el engaño publicitario y la explotación indebida de datos personales, afectando la protección del consumidor y la equidad en el mercado.
Frente a estos escenarios, la informática forense se enfrenta a desafíos sin precedentes. La naturaleza descentralizada y global de las plataformas dificulta la localización geográfica de servidores, la identificación de responsables y la obtención de evidencia digital con valor probatorio. Además, el uso masivo de contratos inteligentes, tokens no fungibles (NFTs) y sistemas de pago digitales introduce nuevas formas de conflicto legal que precisan respuestas técnicas sólidas.
Los laboratorios de informática forense deben adaptarse a esta realidad, desarrollando capacidades para analizar contratos ejecutables en blockchain, monitorear flujos de datos en tiempo real y validar prácticas comerciales engañosas en entornos digitales. Al mismo tiempo, se requiere un marco legal ágil que contemple la responsabilidad objetiva de las plataformas, la protección transfronteriza del consumidor y el control ético del uso de datos en la economía digital.
Un ejemplo claro es el caso de las aplicaciones financieras que ofrecen créditos bajo condiciones opacas, sin revelar tasas reales o cláusulas escondidas. En estos casos, la informática forense puede intervenir analizando registros de transacciones, revisiones de términos de servicio y auditorías de interfaces de usuario, para demostrar si hubo engaño deliberado o falta de consentimiento informado.
Otro aspecto crítico es el uso de datos personales para microsegmentación comercial. La recolección de hábitos, preferencias y comportamientos psicológicos para dirigir publicidad personalizada puede cruzar la línea hacia la manipulación psicológica. Aquí, el trabajo forense consiste en verificar cómo se obtuvieron esos datos, si existió consentimiento válido y si fueron compartidos con terceros sin autorización.
La regulación de plataformas digitales debe ir acompañada de mecanismos de fiscalización digital, donde los laboratorios forenses actúen como entidades auxiliares de justicia, capaces de auditar algoritmos, detectar sesgos discriminatorios y evaluar el cumplimiento de principios de transparencia y no discriminación.
En conclusión, la informática forense debe evolucionar hacia un enfoque centrado en el consumidor digital, asumiendo un rol activo en la protección de derechos fundamentales en espacios virtuales. Solo con una visión integradora será posible construir un ecosistema digital seguro, transparente y justo.
