La inteligencia artificial (IA) está transformando la forma en que se generan, protegen y disputan los activos intangibles, especialmente en el ámbito de la propiedad intelectual y los secretos empresariales. Plataformas basadas en machine learning están produciendo obras derivadas, patentes y algoritmos comerciales que plantean dudas sobre titularidad, originalidad y protección legal.
Desde el punto de vista forense, los laboratorios especializados enfrentan nuevos retos en la identificación de infracciones digitales. El análisis de código fuente, modelos entrenados y repositorios de datos requiere habilidades técnicas avanzadas, así como criterios legales claros para diferenciar el plagio automatizado del desarrollo independiente.
El marco normativo colombiano, en concordancia con tratados internacionales como el Acuerdo ADPIC, ofrece bases para la protección de secretos industriales, pero su aplicación práctica depende en gran medida del rigor técnico aplicado durante las investigaciones. La informática forense brinda herramientas precisas para el análisis de versiones de software, comparación de estructuras algorítmicas y detección de transferencias ilegales de conocimiento codificado.
Una de las principales problemáticas surge con la autoría de obras generadas por IA. ¿Quién es el titular de una obra creada por un sistema autónomo? ¿Es posible demostrar plagio si el modelo fue entrenado con millones de datos no citables individualmente? Estas preguntas tienen implicaciones directas en el trabajo pericial, donde se debe distinguir entre innovación genuina y reproducción encubierta.
Los laboratorios forenses deben estar equipados para analizar repositorios de código, bases de datos de entrenamiento y métricas de salida de algoritmos. Esto implica el uso de herramientas de comparación semántica, análisis de huellas digitales de modelos y auditorías de licencias de código abierto utilizado en desarrollos propietarios.
En el ámbito judicial, la interpretación de pruebas forenses relacionadas con IA requiere jueces y abogados con conocimientos técnicos básicos. Por ello, es necesario impulsar programas de formación conjunta entre universidades, colegios profesionales y organismos judiciales, para garantizar que las decisiones sean fundadas en criterios técnicos sólidos.
En síntesis, la convergencia entre propiedad intelectual, inteligencia artificial y análisis forense representa un campo emergente que exige una actualización normativa urgente, junto con una renovación en las capacidades técnicas de los laboratorios periciales. Solo así será posible salvaguardar los derechos de innovación y competencia justa en una economía cada vez más automatizada.
